Madrid, 25 de septiembre de 2024 (EFE).- El Gobierno de España ha decidido posponer la votación de la senda fiscal, un paso clave en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que estaba prevista para este jueves. El motivo es evitar una nueva derrota en el Congreso, similar a la ocurrida en la votación anterior, donde el proyecto fue rechazado con los votos de PP, Vox y Junts. Esta decisión refleja las dificultades que enfrenta el Ejecutivo, que debe intensificar sus negociaciones con los grupos parlamentarios en un escenario político cada vez más complicado.
¿Qué es la senda fiscal?
La senda fiscal establece los límites de déficit y deuda pública que deben seguir las diferentes administraciones del Estado durante los próximos tres años. Este plan es fundamental, ya que marca el camino para la elaboración de los presupuestos del siguiente ejercicio. El déficit público se reparte entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, con objetivos específicos para cada uno.
España está bajo un sistema de control fiscal supervisado tanto por autoridades nacionales como europeas, que exigen que las administraciones mantengan el déficit dentro de ciertos parámetros para garantizar la sostenibilidad económica. Aunque estos límites pueden ajustarse según las circunstancias económicas, la senda fiscal es un elemento crucial en la política presupuestaria del país.
Motivos del aplazamiento
En la votación de julio de 2024, el Gobierno sufrió un golpe importante cuando la senda fiscal fue rechazada en el Congreso por los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts). Este resultado mostró la debilidad del apoyo parlamentario al Gobierno de coalición liderado por PSOE y Unidas Podemos. Ahora, el Ejecutivo se encuentra bajo una presión mayor para negociar con otros partidos.
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La aprobación de la senda fiscal es imprescindible para avanzar en la preparación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que sin ella no se puede proceder con la planificación de los ingresos y gastos del próximo año. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido aplazar la votación para ganar tiempo y asegurar los apoyos necesarios, en particular de Junts, un partido clave que ha mostrado resistencia en temas cruciales como este.
Consecuencias del aplazamiento
El aplazamiento de la votación trae consigo varias implicaciones inmediatas. En primer lugar, el Gobierno no podrá presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 dentro del plazo legal, que vence el 1 de octubre. Sin embargo, este margen puede extenderse, lo que crea incertidumbre sobre la viabilidad de los presupuestos.
Si el Congreso no aprueba una nueva senda fiscal, se mantendrá el marco vigente, lo que implicará un control fiscal más estricto sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según el Ministerio de Hacienda, la actual senda fiscal, elaborada en un contexto económico diferente, impone restricciones adicionales al gasto público, lo que podría generar tensiones con las administraciones locales y autonómicas.
Este escenario es particularmente delicado en un momento en que muchas comunidades autónomas enfrentan presiones financieras debido al aumento de los costes de los servicios públicos y a la recuperación económica post-pandemia. La falta de una senda fiscal actualizada podría complicar aún más la planificación presupuestaria de estas administraciones.
El papel de Junts y las negociaciones clave
El Gobierno deberá intensificar sus negociaciones con Junts, un partido catalán que ha mostrado resistencia a respaldar al Ejecutivo en cuestiones fundamentales. A pesar de su postura independentista, Junts se ha convertido en un actor decisivo dentro de la actual aritmética parlamentaria fragmentada.
Además del apoyo de Junts, el Gobierno necesitará asegurar el respaldo de otros partidos minoritarios y regionalistas que han expresado dudas sobre la política fiscal del Ejecutivo. Estas negociaciones son cruciales no solo para la aprobación de la senda fiscal, sino también para garantizar la viabilidad de los presupuestos de 2025 en un Congreso profundamente dividido.
Escenarios si no se aprueba la senda fiscal
En caso de no aprobarse una nueva senda fiscal, el Gobierno podría verse obligado a aplicar un marco más restrictivo, lo que dificultaría la ejecución de proyectos clave, especialmente en sectores que requieren un mayor gasto público, como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Esto también podría aumentar las tensiones con los gobiernos regionales, muchos de los cuales ya han expresado preocupación por la falta de recursos para cumplir con sus compromisos financieros.
Además, la falta de una nueva senda fiscal podría afectar la confianza de los mercados internacionales. Los inversores observarán de cerca la capacidad del Gobierno para gestionar su política fiscal de manera eficaz. El fracaso en la aprobación de esta medida clave podría incrementar la prima de riesgo del país y encarecer los costes de financiación del Estado.
El aplazamiento de la votación de la senda fiscal pone en evidencia las dificultades del Gobierno en un Parlamento fragmentado, donde las negociaciones con partidos clave son esenciales para garantizar la gobernabilidad. El Ejecutivo deberá llegar a acuerdos con Junts y otros grupos para asegurarse el apoyo necesario. Si no lo consigue, podría verse forzado a aplicar un marco fiscal más estricto, lo que complicaría la gestión de los presupuestos y podría poner en riesgo la estabilidad económica del país en los próximos años.
