Madrid, 11 de octubre de 2024 – La polémica generada en torno al respaldo del Partido Popular (PP) a una reforma legal que podría adelantar la excarcelación de algunos presos de ETA ha provocado tensiones dentro del partido y desatado un fuerte debate. A pesar de que la dirección del partido ha afirmado que sus diputados fueron “engañados” por el Gobierno, varios miembros de la Comisión de Justicia del PP han reconocido que conocían los detalles de la votación, lo que contradice la versión oficial.
Ana Belén Vázquez, una de las diputadas destacadas en este tema, defendió públicamente la decisión de apoyar la ley que incluía una enmienda de Sumar. Esta enmienda derogaba una disposición introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy que buscaba evitar que los años de prisión cumplidos en otros países se tuvieran en cuenta para reducir las condenas de los etarras en España. Vázquez explicó que el voto del PP fue necesario porque la ley era una “trasposición” obligatoria de una directiva europea.
Explicaciones de Ana Belén Vázquez
En su intervención en el programa Todo es Mentira de Cuatro, Ana Belén Vázquez señaló que el PP votó a favor de la ley debido a la Decisión Marco 2009/315 de la Unión Europea, que regula el intercambio de antecedentes penales y el reconocimiento de sentencias en los Estados miembros. Según Vázquez, los abogados de varios etarras estaban ganando sus apelaciones utilizando esta directiva, que permite que el tiempo cumplido en cárceles extranjeras se compute dentro de las penas en España.
“El verdadero problema es que el Código Penal español limita las condenas a un máximo de 30 años”, comentó Vázquez, refiriéndose a la legislación española que facilita la reducción de penas para terroristas. Añadió que la trasposición de la directiva era inevitable y que, aunque el PP hubiera votado en contra, la normativa se seguiría aplicando.
Diferencias dentro del PP
A pesar de las explicaciones de Vázquez, la cúpula del PP, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que el partido fue víctima de una “jugarreta” del Gobierno. Borja Sémper, portavoz del PP, acusó al Ejecutivo de actuar de manera opaca durante la tramitación de la ley, sin informar adecuadamente sobre las posibles consecuencias de la reforma en cuanto a la excarcelación de presos de ETA.
“Nos preocupa profundamente que el Gobierno permita que etarras muy peligrosos puedan salir de la cárcel sin cumplir íntegramente sus condenas en España”, declaró Sémper.
Por su parte, Feijóo criticó al Gobierno por favorecer a los presos de ETA con el objetivo de asegurar el apoyo político para Pedro Sánchez. “Es grave que el Ejecutivo haya impulsado esta reforma para facilitar la excarcelación de terroristas condenados, solo para mantener a Sánchez en el poder”, afirmó el líder del PP.
Postura del equipo jurídico del PP
Fuentes del equipo jurídico del PP respaldaron las declaraciones de Ana Belén Vázquez, confirmando que los diputados sabían lo que estaban votando y que apoyaron la ley porque era una obligación derivada del derecho comunitario. Estas fuentes señalaron que, aunque la enmienda de Sumar derogaba una disposición clave de Rajoy, la directiva europea debía aplicarse de todas formas. Sin embargo, añadieron que los efectos de la reforma podrían no ser tan drásticos como algunos sugieren.
El debate cobró mayor relevancia cuando el diario de sesiones del Congreso reveló que el 10 de septiembre, durante la votación en la Comisión de Justicia, el PP respaldó el dictamen completo de la ley, que incluía la enmienda de Sumar. El resultado fue 34 votos a favor, incluidos los del PP, y tres abstenciones de Vox.
Reacción del Gobierno
Desde el Gobierno, las acusaciones del PP han sido vistas con escepticismo. Fuentes gubernamentales defendieron la legalidad y transparencia del proceso de trasposición de la directiva europea, negando cualquier intención de favorecer a los presos de ETA. Según estas fuentes, el Gobierno cumplió con sus obligaciones internacionales conforme a la normativa comunitaria.
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A pesar de las explicaciones ofrecidas tanto por el PP como por el Gobierno, la polémica sigue viva. La posibilidad de que algunos condenados por terrorismo vean reducidas sus penas ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad, y el papel del derecho comunitario en estas decisiones judiciales sigue siendo un tema central en el debate político español.
Repercusiones para la imagen del PP
La votación en la Comisión de Justicia ha provocado una crisis interna dentro del Partido Popular. Varios sectores del partido han expresado su descontento con la forma en que se gestionó esta votación, y algunos temen que las explicaciones contradictorias puedan perjudicar la imagen del PP ante la opinión pública.
Mientras se siguen evaluando los detalles de esta reforma, el PP enfrenta preguntas sobre su capacidad para manejar temas delicados relacionados con el terrorismo y la justicia, mientras busca consolidar su posición como el principal partido de la oposición en España.
La controversia surgida a raíz de esta votación subraya los desafíos que enfrenta el PP, tanto a nivel interno como en su relación con el Gobierno, en un contexto donde la seguridad y la justicia siguen siendo temas de gran relevancia en la política española.
