4 de octubre de 2024, 02:18 h.
Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó este jueves una propuesta de reforma del sistema de bajas laborales en España, con el objetivo de que, en ciertos casos, los empleados que se encuentren en situación de incapacidad temporal puedan reincorporarse voluntariamente a su empleo. Esta medida, que busca flexibilizar las condiciones para algunos grupos de trabajadores, ha generado controversia dentro del Gobierno, particularmente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Saiz argumentó que esta reforma es indispensable debido al considerable incremento de las incapacidades temporales en los últimos años, lo que ha disparado el coste de estas prestaciones hasta niveles difíciles de sostener tanto para el Estado como para las empresas. De acuerdo con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2023 se produjeron más de 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales en España, lo que supuso un gasto de 25.326 millones de euros. De esta cantidad, 13.081 millones fueron financiados por la Seguridad Social, mientras que los otros 12.245 millones fueron cubiertos por las empresas. Estos datos reflejan un aumento del 74% en los últimos cinco años.
Propuesta para flexibilizar la incapacidad laboral
Saiz detalló que su propuesta se centra en la posibilidad de que, bajo supervisión médica y de manera voluntaria, los trabajadores puedan compatibilizar su incapacidad temporal con una reincorporación gradual a su empleo en situaciones específicas. Según la ministra, esta medida no solo facilitaría la recuperación de algunos pacientes, sino que también reduciría la presión económica sobre la Seguridad Social y las empresas. El Ministerio mencionó casos de trabajadores en tratamiento oncológico que, a pesar de continuar con su tratamiento, podrían retomar su labor parcial o totalmente.
“Estamos proponiendo una vía para que, bajo determinadas circunstancias y siempre con la autorización médica, los trabajadores puedan regresar a sus empleos de manera progresiva. Esta medida sería completamente voluntaria, y garantizaría que la salud del trabajador sigue siendo la máxima prioridad”, señaló Saiz durante su intervención.
Rechazo de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo
No obstante, Yolanda Díaz manifestó su rechazo a la propuesta a través de las redes sociales. La vicepresidenta segunda, que además lidera el Ministerio de Trabajo, advirtió sobre los riesgos de “jugar” con la salud de los empleados. “La incapacidad temporal tiene un único objetivo: proteger la salud de los trabajadores. No hay más opciones. Ni flexibilidad ni parcialidad; con la salud no se juega”, afirmó Díaz en X (anteriormente Twitter).
Desde el Ministerio de Trabajo se subrayó que la incapacidad temporal es un derecho orientado a la protección de la salud de los empleados y que cualquier flexibilización debe ser tratada desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. “La incapacidad temporal no es negociable y debe gestionarse bajo criterios estrictamente médicos y preventivos”, indicaron fuentes del Ministerio. Aunque abrieron la puerta a estudiar reincorporaciones escalonadas en casos específicos, como tras enfermedades prolongadas, insistieron en que la salud del trabajador debe ser la prioridad en cualquier modificación.
Impacto en el diálogo social
El anuncio de Saiz también sorprendió a los agentes sociales. Tanto sindicatos como patronales ya habían sido convocados a una mesa de diálogo sobre la prevención de riesgos laborales, pero la reforma fue presentada antes de que se iniciaran oficialmente las negociaciones. Fuentes cercanas al proceso señalaron su malestar, argumentando que una medida de esta magnitud requiere del consenso de todas las partes implicadas.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) expresó una postura cautelosa frente a la propuesta, afirmando que es necesario evaluar el impacto que cualquier modificación en el sistema de bajas podría tener sobre la competitividad empresarial y los derechos de los empleados. Por su parte, los sindicatos manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que los trabajadores se vean presionados para reincorporarse antes de estar completamente recuperados.
El alto coste de las incapacidades temporales
El contexto de esta controversia se encuentra en el creciente gasto que generan las incapacidades temporales tanto para el Estado como para las empresas. Los datos de AMAT muestran que el coste de las bajas laborales ha aumentado un 74% en los últimos cinco años, un aumento considerable que se atribuye al envejecimiento de la población activa y al incremento de enfermedades crónicas y largas, como el cáncer. Este aumento ha generado una presión significativa sobre las finanzas públicas y los presupuestos de las empresas, que deben asumir una parte importante del coste de las prestaciones.
Ante este panorama, desde el Ministerio de Seguridad Social se insistió en que cualquier cambio en la normativa incluirá las garantías necesarias para asegurar que la salud de los trabajadores no se vea comprometida. “No se trata de forzar a nadie a reincorporarse antes de tiempo, sino de ofrecer una opción para aquellos que, bajo indicación médica, puedan beneficiarse de un regreso gradual al trabajo”, explicaron fuentes del Ministerio.
El debate apenas comienza, pero promete ser uno de los más complejos en el escenario actual, ya que se entrecruzan intereses económicos, sociales y de salud pública en un momento en que el sistema de protección social en España enfrenta grandes desafíos.
