El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que indaga en el supuesto trato de favor a su esposa, Begoña Gómez, en su relación con la Universidad Complutense. Moncloa ha rechazado la solicitud del Partido Popular (PP) de Madrid, que había incluido a Sánchez en su lista de comparecientes, alegando que los miembros del Ejecutivo no están legalmente obligados a asistir a las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos.
El caso que investiga la comisión se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la concesión de contratos públicos a una unión temporal de empresas vinculada al empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. No obstante, la Guardia Civil, en su investigación preliminar, no ha encontrado indicios de ilegalidades. A pesar de esto, el PP de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha presionado para incluir a Sánchez entre los comparecientes, lo que ha generado tensiones entre el Gobierno central y la Asamblea madrileña.
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El Ejecutivo de Sánchez ha sido tajante al señalar que no existe una obligación legal que lo vincule a comparecer ante comisiones de investigación en el ámbito autonómico. Fuentes de Moncloa han recordado que ya en 2019, durante un debate sobre la citación de miembros del Gobierno ante el Parlamento de Cataluña, se concluyó que los altos cargos del Estado, tanto actuales como anteriores, no están obligados a responder ante comisiones de investigación en parlamentos regionales. Este precedente, según el Gobierno, justifica la negativa de Sánchez a asistir a la comisión madrileña.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, reafirmó esta postura al llegar al Congreso de los Diputados. “El presidente del Gobierno no tiene ninguna obligación de comparecer ante la Asamblea de Madrid”, declaró. Bolaños también aludió al caso del expresidente Mariano Rajoy, quien no acudió a una citación del Parlamento de Cataluña en circunstancias similares.
El PP madrileño, en colaboración con Vox, incluyó a Pedro Sánchez en su lista de 56 personas que deberían comparecer ante la comisión de investigación. Además del presidente del Gobierno, la lista incluye a María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora presidencial, y a varios miembros del equipo rectoral de la Universidad Complutense. La comisión, que comenzará el 13 de noviembre, tiene como objetivo esclarecer si hubo irregularidades en la concesión de contratos públicos a empresas relacionadas con Begoña Gómez.
Aunque la inclusión de Sánchez en la lista de comparecientes ha captado la atención mediática, es poco probable que el presidente acuda, dada la falta de obligación legal para hacerlo. Aun así, la acción del PP ha sido interpretada como parte de una estrategia para mantener la presión sobre el Gobierno central y capitalizar políticamente el caso en la arena regional.
El PSOE ha reaccionado con fuerza ante la iniciativa del PP, calificando la comisión como una maniobra política destinada a desacreditar al Gobierno. En respuesta, los socialistas han solicitado que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, comparezcan también ante la comisión. Esta jugada refleja el incremento de la tensión política entre el Gobierno central y la administración madrileña, liderada por el PP.
Más Madrid, por su parte, ha criticado la creación de la comisión, describiéndola como un “circo mediático” más que una investigación seria. En una acción simbólica, el partido ha incluido en su lista de comparecientes a figuras históricas del PP madrileño como Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Vox, en tanto, ha presentado una lista de 74 nombres, entre los que destacan la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y el empresario Víctor de Aldama.
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El caso que ha motivado la creación de esta comisión se centra en las relaciones contractuales entre la Universidad Complutense de Madrid y una unión de empresas en la que participa Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. La investigación pretende aclarar si hubo trato de favor en la adjudicación de contratos durante el mandato de Sánchez. Sin embargo, la Guardia Civil, hasta el momento, no ha encontrado pruebas de irregularidades.
El PP de Madrid ha mantenido que la investigación es necesaria para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, mientras que el Gobierno ha insistido en que no hay base legal ni evidencias para sostener las acusaciones. La negativa de Sánchez a comparecer ante la comisión ha sido recibida con críticas desde los sectores más conservadores, pero respaldada por sus aliados políticos y jurídicos.
