La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación para determinar si el eurodiputado Alvise Pérez financió de forma irregular su campaña electoral para las elecciones europeas de junio de 2024. La pesquisa fue motivada por una denuncia interpuesta por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, quien asegura haber entregado 100.000 euros en efectivo al político durante su campaña, una cantidad que, de confirmarse, excedería los límites permitidos por la ley de financiación de partidos en España.
Detalles de la denuncia
Romillo presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado el pasado 19 de septiembre. El caso fue remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo, competente para investigar a eurodiputados. Asimismo, en los días posteriores, se amplió la denuncia con más detalles sobre la transacción.
Según la información adelantada por Eldiario.es, Romillo habría entregado a Pérez los 100.000 euros el 27 de mayo de 2024, pocos días antes de las elecciones del 9 de junio. Como evidencia, el empresario aportó una serie de mensajes intercambiados con Pérez a través de la aplicación de mensajería Signal, donde se confirma la entrega del dinero. “Todo ok! 100.000 gracias, Luis”, habría sido la respuesta del eurodiputado, confirmando la recepción de los fondos.
La Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos en España establece límites estrictos para las donaciones privadas. El monto máximo permitido por una persona física es de 50.000 euros anuales, y cualquier donación superior a 25.000 euros debe ser notificada al Tribunal de Cuentas. Si se demuestra que este dinero no fue declarado correctamente, Pérez podría enfrentar cargos por financiación ilegal, un delito que según el Código Penal puede ser castigado con penas de prisión de entre uno y cinco años.
La relación de Romillo con otros casos
El empresario Álvaro Romillo, quien es conocido en el mundo de las criptomonedas y redes sociales bajo el alias Luis Cryptospain, es el fundador de la firma de inversiones Madeira Invest Club (MIC). Recientemente, su empresa cerró de manera sorpresiva, dejando a unos 3.000 inversores afectados, quienes han denunciado al empresario ante la Audiencia Nacional por una supuesta estafa piramidal.
Debido a esta situación, algunos de los inversores han solicitado que la Audiencia extienda su investigación hacia Alvise Pérez, ya que consideran que parte del dinero utilizado en su campaña electoral podría estar relacionado con las operaciones de Romillo. El abogado de los afectados ha pedido que las diligencias sean remitidas al Tribunal Supremo para que se investigue si el dinero entregado a Pérez proviene de fondos ilícitos.
En su denuncia, Romillo explica que su vínculo con Pérez comenzó en marzo de 2024, cuando el eurodiputado lo contactó para proponerle la creación de una “wallet” o cartera digital en la que sus seguidores pudieran hacer donaciones de forma anónima y cifrada. Según Romillo, el objetivo era obtener fondos para financiar iniciativas judiciales o mediáticas contra casos de corrupción.
A medida que avanzaba la campaña electoral, Pérez solicitó más fondos, y Romillo accedió a entregarle 100.000 euros en efectivo, según su versión. La entrega se realizó en una de las sedes de Sentinel, una de las empresas de Romillo. El empresario ha aportado mensajes de Signal donde Pérez agradece la donación y se compromete a dar visibilidad a las empresas de Romillo entre sus seguidores.
Posibles implicaciones legales
El marco legal español en materia de financiación de partidos políticos es claro. Ningún individuo o empresa puede donar más de 50.000 euros anuales a un partido político o candidato. Además, cualquier donación superior a los 25.000 euros debe ser reportada al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses desde su recepción.
Si las autoridades confirman que Pérez no declaró estos fondos, podría enfrentarse a consecuencias graves. El artículo 304 ter del Código Penal establece que la financiación ilegal de partidos puede conllevar penas de prisión de uno a cinco años, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
De ser cierta la denuncia, las implicaciones no solo afectarán al eurodiputado, sino también a su partido, Se Acabó la Fiesta (SALF), que obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños en las elecciones europeas. Esta situación pondría en riesgo su credibilidad y futuro político.
El avance de la investigación
Actualmente, la Fiscalía del Tribunal Supremo está revisando los documentos presentados y evaluando si existen suficientes indicios para abrir una investigación formal contra Alvise Pérez. Paralelamente, la investigación contra Romillo por estafa piramidal en la Audiencia Nacional podría aportar información relevante sobre el origen de los fondos utilizados para la campaña del eurodiputado.
Hasta la fecha, Pérez no ha hecho declaraciones públicas sobre las acusaciones, y su partido tampoco ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. La investigación será determinante para esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de la campaña electoral y qué consecuencias podrían derivarse de este caso.
Transparencia en la financiación de partidos
Este caso pone nuevamente en debate la necesidad de reforzar los controles y la transparencia en la financiación de partidos políticos en España. Las normativas actuales buscan evitar que los partidos políticos dependan de grandes donantes o fondos ilegales, garantizando así la igualdad de oportunidades en los procesos electorales y la integridad del sistema democrático.
La atención estará puesta en los próximos pasos que tome la Fiscalía del Tribunal Supremo, ya que de confirmarse las acusaciones, podría sentar un precedente importante en la lucha contra la financiación irregular de las campañas políticas en el país.
